España: ¿Quid de regularizaciones?

La última medida masiva de regularización para los indocumentados residentes en el territorio español fue realizada en mayo de 2005. Más de 700 000 solicitudes fueron presentadas siendo Madrid, Cataluña y Valencia las ciudades que concentraron más del 60% de dichas solicitudes. Los documentos necesarios para acogerse a la regularización eran conformes a las normas legales: un certificado de un censo que demostrara que la persona vivía en España antes del mes de agosto de 2004, un contrato de trabajo y no tener antecedentes judiciales. Esto significaba que el Gobierno accedía a legalizar en base a un mínimo de requisitos, muy favorecedor para los inmigrantes, pero se negaba a la legalización automática de todos los indocumentados. Los nuevos documentos públicos que permitieron a los inmigrantes “registrarse por omisión” debían ser expedidos o estar registrados por una Administración española con el fin de identificar al solicitante antes de agosto de 2004.

Para ser registrado, el inmigrante debía presentar al menos uno de los siguientes documentos: una copia de una solicitud de censo en espera o rechazada, una inscripción ante la municipalidad, un carné sanitario de un servicio público de salud en el cual apareciera la fecha de inscripción o en algunos casos una constancia que certificaba la fecha de antigüedad de dicha inscripción, una copia de la solicitud de escolarización para los inmigrantes menores de edad y una notificación que certificara que la persona en cuestión era o había sido beneficiaria de una ayuda social.

Esta medida fue tomada por el Gobierno del Partido Socialista Español, mientras que el resto de los grupos parlamentarios como el PNV (el Partido Nacionalista Vasco), IU-ICV (Coalición de Izquierda y ecologista) y Nafarroa Bai (Coalición de dos partidos nacionalistas vascos) estuvieron de acuerdo sobre lo positivo del proceso, pero aclararon que este pudo haber sido mejor manejado y puesto en marcha más rápidamente.

El texto aprobado para definir las normas de esta regularización fue el fruto de una larga consulta entre los agentes sociales, las organizaciones sindicales, los empresarios, los consejos municipales, las comunidades autónomas, las organizaciones de inmigrantes, las ONG, el Consejo Económico y Social, el Foro Social para la Integración de los Inmigrantes, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, así como la participación remarcable de todos los ministerios requeridos por el Ministerio de Trabajo encargado del proceso.

Numerosas ONG como SOS Racismo y la Comisión de Ayuda al Refugiado, las asociaciones de vecinos, el sindicato USO y los partidos políticos como la IU y el PNV, reconocieron en 2005 que el proceso era “un paso positivo” pero “insuficiente” y con muchos errores. Insuficiente, porque según ellos, un millón de extranjeros quedarían excluidos del proceso, unos porque sus empleadores no buscarían regularizarlos y otros porque venían de países en donde ellos habían tenido muchas dificultades para obtener los certificados que demostraban que no tenían antecedentes penales.

SOS Racismo Cataluña

Traducido por: Diego Fernando Grajales Jaramillo